Referéndum: whisky y pupusas

En los últimos días la tensión política europea se incrementó por el referéndum independentista convocado en Escocia, en el cual fue consultado su pueblo para decidir si Escocia nacía como un nuevo Estado, o si continuaba siendo uno de los países integrantes del Reino Unido, que además de la tierra del origen del whisky, incluye a Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Como es sabido triunfó la opción del “No”, y el antiguo Reino de Escocia seguirá integrado e integrando el reino de Su Majestad ElizabethEscocia II.

Las posibilidades para que ganara el “Sí” eran muy considerables. El propio Primer Ministro Británico, David Cameron, se desplazó a Escocia para hacer campaña a favor del “No”. Las implicaciones políticas por el triunfo del “Sí” se podían representar con la Caja de Pandora, o como se dice popularmente en inglés it would have opened up a can of worms. Los impactos inmediatos del triunfo del “Sí” se habrían sentido en España, particularmente en el debate sobre la independencia de Catalunya que el Tribunal Constitucional Español ha impedido que tenga efectos emancipatorios o independentistas; en Francia, respecto de la iniciativa independentista de Córcega; y en Italia, respecto de similar iniciativa sobre Cerdeña. Por otra parte seguramente habría avivado las pasiones y energías de los movimientos autonómicos, como el de Baviera respecto de Alemania, como el de Flandes respecto de Bélgica, como el de Transilvania respecto de Rumania, o como el de Silesia respecto de Polonia, entre otras.

El referéndum emancipatorio de Escocia que aconteció el pasado 18 de septiembre se suma a otros ejercicios de consulta popular realizados para lograr mayores niveles de autonomía hacia los escoceses. En 1997 se realizó un referéndum similar que fue el detonante político para la aprobación de la Scotland Act por parte del Parlamento Británico, y que entre otras cosas autoriza la existencia de un gobierno y de un parlamento dentro de Escocia, incluso con poderes tributarios. Por supuesto hay una disposición en dicha normativa que permite al Parlamento Británico contra legislar cuando lo estime pertinente.

Estos acontecimientos —aunque no lo parezcan— son de la más alta relevancia en el desarrollo constitucional y democrático del país que por excelencia reclama la nacionalidad de las pupusas. Hay voces influyentes en el ámbito de la opinión política y jurídica que elevan el volumen para afirmar que la Constitución de El Salvador no permite la realización de procesos de consulta popular, excepto para el caso expreso de la eventual unión centroamericana, y que Escocia003advierten, como prepotente conclusión, que la consulta popular sólo sería viable en El Salvador por medio de una reforma constitucional que la instituya.

Quizás quieren desconocer los que se oponen a la utilización de la democracia participativa como complemento saludable de la democracia representativa, que en el Reino Unido —donde se carece de una constitución escrita como la que existe en El Salvador— el sistema político descansa en el principio de la soberanía del parlamento, conforme al cual la soberanía del Reino Unido radica en y se ejerce desde el Palacio de Westminster, a orillas del Támesis. En El Salvador nuestra Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo —Artículo 83— pero tal soberanía se ha concretizado, hasta el momento, en acudir periódicamente para elegir a ciertos funcionarios, quienes a su vez eligen a otros, y son todos ellos los que por representación ejercen la soberanía.

Por enorme fortuna la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el sufragio “puede entenderse como el derecho de todo ciudadano a participar en la estructuración y actividad del poder y concurrir a la formación de la voluntad colectiva, ya sea para elegir a los titulares de los cargos electivos o ya sea para tomar decisiones sobre temas fundamentales que se les consulta” (Sentencia de Inconstitucionalidad 55-2012, del 4 de diciembre de 2013, § III.2.A; Sentencia de Inconstitucionalidad 6-2011, del 25 de mayo de 2011, § III.2.A; y Sentencia de Inconstitucionalidad 28-2002, del 8 de abril de 2003, § III.1). La jurisprudencia constitucional salvadoreña ha entendido, muy acertadamente, que el modelo de soberanía popular lleva imbíbito elementos de la democracia participativa.

Entonces lo que se hace necesario, si se quiere implementar la consulta popular, es una adecuada regulación legal. Evidentemente no posee mucha inteligencia someter a consulta popular los asuntos relacionados con los impuestos. Por otra parte el alcance de los derechos humanos no puede ser objeto de referéndum —sería la antidemocracia, por cierto, ya que las mayorías tendrían la puerta abierta para avasallar los derechos de las minorías—. El contenido de las cláusulas pétreas de la Constitución, y el efecto revocatorio del mandato de los funcionarios de elección popular, tampoco son temas que pudieran someterse a la consulta popular. Adicionalmente debería regularse el número máximo de consultas populares que se pueden realizar por año, y la prudente “distancia” que debe existir entre estos procesos y las elecciones presidenciales o legislativas. Y hay otros aspectos que también mereceEscocia002n regulación.

Es un contrasentido, pues, que en un Estado donde no existe la soberanía popular se realice un referéndum independentista de uno de los países que lo integran, y por el contrario, en El Salvador, un Estado que se configura a partir de la soberanía popular, algunas voces pretendan alegar que la Constitución al no reconocer de manera expresa la posibilidad de una consulta popular, sólo la habilita para el caso exclusivo de decidir el destino de El Salvador ante una eventual unión centroamericana.

Pero en este momento donde sobre la misma mesa tengo whisky y pupusas, hacen eco en mi mente las noticias que destacan que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador carece del presupuesto suficiente para realizar el proceso electoral del año 2015… Ah mis quimeras!